LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ES UNA GARANTIA PARA LAS PERSONAS Y NO UN DERECHO DEL JUEZ
Para que el sistema judicial funcione en una sociedad democrática, es indispensable la independencia judicial, la cual constituye el principal cimiento sobre el que descansa la justicia a fin garantizar los derechos de las personas, especialmente de las más vulnerables; constituye además, fuente de la seguridad jurídica, que le proporciona al sistema judicial credibilidad y legitimidad. La independencia judicial es ejercida por los jueces en sus diferentes instancias y se entiende como la capacidad del juzgador de aplicar la justicia apegado al Estado de Derecho, sin presiones internas provenientes del Organo Judicial o de externas provenientes de otros órganos del Estado o de grupos de interés con poder político o económico.
Ahora, 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia han removido de su cargo de forma apresurada al Juez Quinto de Instrucción de San Salvador, Samuel Lizama, trasladándolo al Juzgado de Paz de Zaragoza, como una sanción a su decisión de no reconocer la autoridad del General Francisco Salinas, Director de la PNC, por considerar inconstitucional su nombramiento y por lo mismo, no tomar en cuenta diligencias efectuadas por agentes policiales dirigidos por un militar.
Este razonamiento del Juez Lizama, motivó dos de sus resoluciones: una en la que deja en libertad a una persona que se resistió al arresto y otra, en la que exonera a dos personas acusadas de receptación; ambos casos apelados por la Fiscalía General, para ser conocidos por la Cámara correspondiente.
La posición del Juez, más por su desconocimiento al Director de la PNC que por sus resoluciones en las que no hay mayores daños al bien público, ha puesto el dedo en la llaga de la decisión presidencial de militarizar las estructuras de la seguridad pública, la cual puede llevarnos a una situación de mayor riesgo e inseguridad jurídica que la que se le imputa a la valiente posición del Juez Lizama.
Los 10 magistrados que se han escandalizado por el desconocimiento de un militar como Director de la PNC, son los mismos que protegieron a los militares requeridos en España por el caso Jesuitas, y son los mismos que se hacen del ojo pacho en casos abiertos contra jueces, señalados de conductas impropias o delictivas y que ahora sientan un nefasto precedente en contra de la independencia judicial, que podría ser rescatada por la Cámara de lo Penal que conoce en segunda instancia de las apelaciones interpuestas por la Fiscalía General, lo cual casi equivale a pedirle peras al olmo.
