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Comentario 23-07-16

EN CASO FECEPE GANÓ LA GENTE, LA TRANSPARENCIA Y LA JUSTICIA

Luego de varios meses de debates judiciales y mediáticos, el Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marcos Rodríguez, fue absuelto por un tribunal de sentencia de San Salvador de los delitos que, contra el honor, le atribuía la diputada y ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar.

Durante el proceso, se planteó la posibilidad de conciliar, lo cual significaba que la diputada de Escobar podría haber retirado la demanda, sí el Secretario Marcos Rodríguez reconocía que había cometido el delito y le pedía perdón; sin embargo, el funcionario defensor de la transparencia y el combate a la corrupción, rechazó la conciliación y el proceso continuó hasta la etapa de la vista pública.
Hay que recordar que la demanda contra Marcos Rodríguez se origina por la publicación que hizo la Secretaría a su cargo, de una auditoría realizada por el Banco Central de Reserva, BCR, a la administración de $38.5 millones de dólares del Fideicomiso para la Creación de Empleos en sectores Productivos Estratégicos, FECEPE, en la que participó de forma muy activa, la diputada de Escobar, cuando fungió como Vicepresidenta del cuarto gobierno de ARENA, presidido por Elías Antonio Saca.

Con la absolución, queda claro que el titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, nunca difamó a la diputada pues lo único que hizo fue dar a conocer la auditoría del BCR, en la que se muestran hallazgos y nueve irregularidades en el manejo de los fondos del FECEPE, las cuales son muy graves, en tanto se trata de auto transferencias millonarias de dólares entre personas vinculadas entre sí, señalamientos que dan pie para que otras instancias como la Fiscalía o la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, inicien de oficio una investigación, la cual esperamos no quede en el olvido.

Al comentar el fallo del Juez, Marcos Rodríguez expresó: "Hoy ganó la gente, ganó la transparencia y la lucha contra la corrupción; ganamos los que luchamos día a día por un mejor país. Esto sienta un precedente positivo para que sigamos avanzando por un país más democrático y con más transparencia y rendición de cuentas. Ganó la gente, ganó la transparencia y ganó la justicia" Nuestro respeto a Marcos Rodríguez por su valiente posición.

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Comentario 20-07-16

SALA DEBE MOSTRAR RACIONALIDAD Y COOPERACIÓN POLÍTICA

Frente a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que califica de inconstitucional la participación de los diputados suplentes en la rutina diaria de la Asamblea Legislativa, todas las representaciones partidistas de dicho órgano de Estado gestionarán ante la Sala que los efectos de la sentencia, se apliquen a partir de las elecciones del 2018.

En el ámbito político, tanto de derecha como de izquierda, existe el consenso de que esta resolución es un exceso de la Sala y que ahora se le pasó la mano, al grado de que la izquierda la considera parte de la estrategia del golpe de Estado suave, ensayada para desestabilizar y hasta deponer gobiernos legítimamente electos, tal como está en proceso en Brasil.

Entre consideraciones para calificar la supresión de los diputados suplentes como una intervención en las funciones de otro órgano de Estado y un error político, destaca el hecho de que la decisión de los magistrados, resulta de la demanda contra los 900 millones en bonos; es decir que no se les había pedido a los magistrados que se pronunciaran sobre la elección de dichos diputados, electos en las elecciones del 1 marzo de 2015, ocasión en la que la Sala pudo ordenar la inclusión de los rostros de los candidatos suplentes, tal como antes lo hicieron con los candidatos propietarios.
Uno de los aspectos que más preocupa es el precedente político en el que un grupo de cuatro o cinco magistrados, aprovechándose de que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento, se erijan como mentores del futuro político del país, y se impongan a todo poder establecido, incluido el poder que desde las urnas emana del pueblo, pues hay que tener en cuenta que no es cierto que los candidatos suplentes, no hayan sido electos, en tanto el Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad en materia electoral no autoriza a participar en las elecciones a un partido, mientras este no completa su planilla, que incluye a propietarios y suplentes, quienes hacen tanta campaña como la hacen los candidatos propietarios.

El pueblo y la institucionalidad del país deben prepararse para no permitir nuevos actos de intervención que vulneren la independencia que el artículo 86 le da a los órganos fundamentales del Estado, pues lo realmente grave de esta sentencia es que, si ahora los magistrados de la Sala de lo Constitucional anulan resultados de un proceso electoral afectando el funcionamiento del Órgano Legislativo, nada les impide que mañana lo pretendan hacer con el Órgano Ejecutivo.

Consideramos legítima la petición de los partidos políticos de que los efectos de esta sentencia se apliquen a partir de las elecciones del 2018 pues, de esta manera, no se entorpece ni desestabiliza la organización establecida en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, petición que de ser aceptada por los magistrados, mostraría interés por la gobernabilidad democrática del país, racionalidad y la colaboración que entre los órganos del Estado debe existir, según lo manda la parte final del inciso primero del artículo 86 de nuestra Constitución.

Radio Maya Visión Comunicación Total.

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Comentario 16-07-16

HAY QUE PROTEGER LA MORAL Y MOTIVACIÓN DEL POLICÍA

Recientemente la Fiscalía General giró órdenes de captura contra varios miembros de la Policía Nacional Civil, bajo el supuesto de una posible participación en violaciones a derechos humanos en actos extrajudiciales y durante operativos contra grupos criminales.

La acción se da en un contexto de violencia generado por la escalada delictiva del crimen organizado, cuyas pandillas ya no sólo utilizan armas de uso personal, sino también armas de guerra de uso privativo de la Fuerza Armada, con la intención de controlar territorios y constituir focos de violencia, desde los cuales, planificar sus acciones delictivas.

Para frenar esta escalada, tanto la PNC como la Fuerza Armada han desplegado sus fuerzas en todo el territorio nacional con el fin de desarticular las estructuras criminales, lo cual ha forzado a enfrentamientos con el consecuente resultado de delincuentes y agentes fallecidos. Hay que destacar que muchas de las bajas policiales y del ejército se producen por emboscadas y durante licencias, lo cual refleja que el enemigo que se combate no respeta ningún tipo de código.

Sobre el tema, el Secretario de Comunicaciones del gobierno, Eugenio Chicas, sostiene que: "Como gobierno estamos del lado de los policías; nuestra policía no solo debe sentir el respaldo del gobierno, sino de la sociedad, ya que el enfrentamiento contra la criminalidad ha llevado a los policías a sacrificar su vidas y sus familias y eso exige un respaldo moral de la sociedad",

Mientras que el Secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, advierte que: "No es conveniente que haya medidas que desmonten el entusiasmo y la psicología de combate que tiene la policía contra el crimen organizado. Esto puede favorecer al crimen, son mensajes que pueden estimular la moral de las pandillas",.

Nos parece que es importante reflexionar sobre lo dicho por ambos funcionarios, en tanto es trascendental evitar que se genere una posible persecución judicial hacia los miembros de los cuerpos de seguridad que están en la primera línea de fuego, arriesgando su vida y la de sus familias para generar tranquilidad y seguridad a la sociedad salvadoreña, condición que nos obliga a buscar la forma de proteger, preservar y elevar la moral del Policía y del Soldado que luchan por construir un El Salvador Seguro.

Radio Maya Visión, Comunicación Total.

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Comentario 14-07-16

CRÓNICA DE SENTENCIAS ANUNCIADAS

A pocas horas de las declaraciones del magistrado Rodolfo González, en el sentido de que la Sala ya tenía listas algunas sentencias que datan de hace varios meses, el 13 de julio fueron dadas a conocer la inconstitucionalidad de la emisión de bonos por 900 millones de dólares, conocida desde hace más de un año; la inconstitucionalidad de la "Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz" aprobada el 20 de marzo de 1993, demandada desde marzo de 2013 y la inconstitucionalidad del cargo del 13% a las tarifas de energía eléctrica, conocida hace sólo dos semanas.
Sobre la inconstitucionalidad de los 900 millones y del cargo del 13% por ciento a la energía, el denominador común es el fortalecimiento de la política que impulsa ARENA, de reducir a toda costa, la capacidad de inversión del Estado, afectando los programas de Inversión Social y de Seguridad del gobierno, en detrimento de los esfuerzos por construir la paz y el impulso del desarrollo de fuentes de energía limpia en El Salvador, lo cual es una consecuencia real que, les guste o no les guste, a los ideólogos de la derecha, ubica a la Sala en una agenda política que retrasa el avance del país.
De la sentencia de los 900 millones, debe destacarse el criterio político de los magistrados de la Sala, quienes consideran a los diputados suplentes como "no electos", ordenando que la Asamblea sólo podrá sesionar con diputados propietarios; de tal manera que los candidatos a diputados suplentes para las próximas elecciones deberán mostrar sus rostros en las papeletas, trasladando para el 2018 esa complejidad electoral y agregando en lo inmediato, un nuevo elemento de inestabilidad al limitar el funcionamiento del Órgano Legislativo. De seguro que habrá otras implicaciones, en tanto ellos mismos, como magistrados de la Sala de lo Constitucional, fueron electos con la intervención de varios diputados suplentes.
Con relación a la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, la Sala paga una deuda histórica de la justicia con las víctimas del conflicto armado, declara que no pueden ser amnistiados los casos contemplados en el Informe de la Comisión de la Verdad y todas las infracciones o violaciones de ley cometidas desde el 1 de junio de 1989 al 16 de enero de 1992, y reactiva la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada el 23 de enero de 1992 y declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.
Sobre esta resolución es importante que se evite el sensacionalismo, el impulso de vendettas políticas o la pretensión de querer impugnar a ultranza el ejercicio de funcionarios que fueron dirigentes en cualquiera de las partes del conflicto. A nuestro criterio, estamos frente a la oportunidad de que por fin se conozca la verdad sobre los casos considerados, se erradique la impunidad, se repare a las víctimas y sus familiares, se pida perdón y comencemos con un nuevo El Salvador.

Radio Maya Visión, Comunicación Total.

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Comentario 12-07-16

DAVID MORALES UN DEFENSOR NATURAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

De acuerdo con el plazo para realizar la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa dispone hasta el 8 de agosto para elegir al nuevo titular de la institución defensora de los derechos humanos en El Salvador.
Del 31 de mayo al 8 de junio, la Asamblea convocó a la inscripción de candidatos, período en el cual, únicamente once profesionales presentaron su hoja de vida, mostrando su intención de ser considerados elegibles para ocupar el cargo de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
David Morales, el actual titular del ejercicio 2013-2016, está entre los once postulantes, con la legítima pretensión de ser reelecto para el período, 2016-2019, precedido de un largo historial de la mano con la justicia, en tanto su vida profesional ha sido una total dedicación a la defensa de los derechos humanos.
Por ello el ejercicio profesional del licenciado Morales lo ubica como un defensor natural de los derechos humanos, destacándose su opción por apoyar el trabajo de instituciones defensoras de tales derechos como Tutela Legal del Arzobispado, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos y otras Organizaciones Civiles, además registra un excelente desempeño en instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores y la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en la que ocupó varios cargos intermedios, antes de ser electo Procurador.
Durante la elección en el 2013, ARENA no apoyó su candidatura recurriendo a la gastada y perversa acusación que la derecha más conservadora del país siempre hace a un profesional honesto que opta por los reales derechos de la víctimas, consistente en decir que tiene vinculaciones con la izquierda lo cual, en todo caso, en un país que se precia de democrático no tendría por qué ser impedimento para optar a dicho cargo.
Ahora ARENA recurre a la misma atrasada y dinosáurica posición política para restar apoyo al Licenciado Morales; y a menos que los areneros decentes se quiten el yugo de la intolerancia política, su reelección podrá realizarse; sin embargo, al margen de quien sea electo, es bueno destacar que David Morales fue defensor de los derechos humanos antes y durante fue Procurador y es bien seguro que lo seguirá siendo después de que le corresponda entregar el cargo, en tanto es un profesional que como estilo de vida tiene; la defensa de los derechos humanos.
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Comentario 09-07-16

SENTENCIA DE LA SALA COARTA ATRIBUCIONES LEGISLATIVAS

El 6 de julio de 2016, un día antes de la plenaria de la Asamblea Legislativa en la que se ratificaría una reforma a los artículos 124 y 202 inciso 2 de la Constitución, mediante la cual se ampliaría el periodo de diputados y concejos municipales de tres a cinco años; acordada el 23 de abril de 2015 por la legislatura 2012–2015; la Sala de lo Constitucional, admitió una demanda de inconstitucionalidad contra esa reforma presentada hace un año, con la admisión la Sala ordena al Órgano Legislativo, suspender el proceso de ratificación.

Con esta resolución, la Sala de lo Constitucional, invade y violenta el proceso de reforma de la Constitución que establece el artículo 248 que literalmente nos dice: "La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con la mitad más uno de los diputados electos. Para que la reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los diputados electos."
La Asamblea 2012 -2015, aprobó por 74 votos la reforma y se esperaba que la de este período, 2015 – 2018, la aprobara por unanimidad el 7 de julio, en tanto ya se tenía un dictamen favorable con la aprobación de todas las fracciones legislativas, que valoraron de forma positiva los beneficios de esta reforma, consistentes en ordenar los procesos electorales cada dos años y medio, separando las elecciones presidenciales de las legislativas, incluidas las del PARLACEN y las municipales, con la intención de reducir la frecuencia de los procesos electorales y disminuir la saturación mediática de las campañas electorales, así como los costos que para el Estado significaría un ahorro de 200 millones de dólares para un período de 15 años.

El proceso de reforma de la Constitución no establece cuándo debe darse el acuerdo de la primera legislatura, ni cuándo debe darse la ratificación en la segunda legislatura; en tal sentido las atribuciones del Órgano Legislativo pueden ejercerse de manera soberana mientras y durante los periodos legislativos están vigentes; sin embargo, el criterio del demandante para pedir la inconstitucionalidad, admitido por la Sala, es que la reforma en la primera legislatura se debió haber dado antes de las elecciones del uno de marzo del 2015 y no después, para posibilitar que la población votara a favor o en contra de quienes apoyaban la reforma; lo cual es un nuevo invento de interpretación política para justificar la intervención de la Sala en asuntos de estricta competencia de otro órgano de gobierno y que en este caso se orienta a coartar la atribución de reformar la Constitución que el artículo 248 le otorga a la Asamblea Legislativa, intervención que solicitamos sea rectificada por la Sala.

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Comentario 07-07-16

LAS POLÍTICAS DE OBSTRUCCIÓN DE LA DERECHA

Las derechas política y económicamente vinculadas a los sectores oligárquicos del país, que fueron desplazados del poder público que se ejerce desde el Organo Ejecutivo, permanecen en constante campaña mediática y de obstrucción a cualquier medida que la izquierda gobernante impulsa para lograr recursos financieros que le permitan impulsar su plan de gobierno.

Así, hemos podido observar como ARENA y ANEP hacen causa común practicando una política de obstrucción de los préstamos que son necesarios para la inversión social y cómo han utilizado y siguen utilizando a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional para declarar inconstitucional medidas fiscales para hacer llegar más fondos al Estado, dentro de las cuales la más elocuente es el congelamiento desde hace más de un año de 900 millones de dólares en bonos, que el gobierno había comenzado a colocar en el mercado bursátil internacional.

Frente a esa política de obstrucción, el gobierno busca la forma de salir adelante, estableciendo contribuciones, como la que se estableció en el sistema de telefonía, el cual se está aplicando para el combate de la delincuencia y la reinserción social, contribución que por ahora se ha salvado de las demandas de inconstitucionalidad.

Una nueva medida para lograr la obtención de recursos es un cargo en la tarifa de electricidad, cuyo precio se ajustará a partir del 15 de julio, consistente en un 13 por ciento al promedio del precio de la energía, que equivale a un centavo por kilovatio hora, y que no afectará a quienes consuman hasta 99 kilovatios hora.

Lo recaudado con este cargo se destinará a la inversión social y al apoyo de proyectos para la producción de energía con una tecnología limpia, a fin de reducir el porcentaje de producción de energía térmica para que, a futuro, las tarifas de electricidad no sean afectadas por el alza del petróleo.

La campaña de desestabilización promovida por ARENA y ANEP no se hizo esperar; escandalizan y desacreditan el cargo a la energía, diciendo que es un impuesto disfrazado, que llevará al colapso a la economía, exageración que explotan masivamente, ocultando que el impacto previsto por el cargo es realmente mínimo, en tanto las tarifas tienen una reducción acumulada del 60 por ciento, por lo que la facturación no llegará a niveles que pongan en riesgo la economía familiar, ni la producción de las empresas.

La realidad es que la derecha, representada por ARENA y ANEP, está en una campaña permanente de obstrucción, a tal grado que a pocas horas de que el Presidente emitiera el decreto del 13%, promovieron una demanda de inconstitucionalidad, sin esperar que la SIGET cumpla con la segunda parte del proceso para que dicho cargo entre en vigencia; lo cual, genera un escenario de inadmisibilidad o improcedencia de la demanda. Sin embargo, con los criterios de los 4 magistrados de la Sala, no sería ninguna sorpresa que las políticas de obstrucción de la derecha continúen, dificultando las finanzas del Estado.

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Comentario 05-07-16

NO ES ÉTICO DIFAMAR PARA GANAR NOTORIEDAD

El Senador Republicano del Estado de Florida, Marco Rubio, fue precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por parte de una de los sectores más conservadores del partido Republicano, fue fácilmente derrotado por Donald Trump, y de acuerdo a un comunicado del FMLN, se trata de un tipo "reaccionario político de origen cubano, conocido por sus posiciones extremistas, anti-inmigrantes, asociado a la mafia cubana-americana de Miami".
Cuando nos referimos a la mafia cubana-americana de Miami, estamos hablando de un movimiento contrarrevolucionario que financia y protege a terroristas como Luis Posada Carriles, traficante de armas, actualmente residente en Miami, impune del ataque al vuelo 455 de Cubana de Aviación, ocurrido el 6 de octubre de 1976, en el que murieron 73 personas que viajaban en la aeronave.

Durante la campaña para el Senado, la candidatura de Marco Rubio se vio afectada por investigaciones, aún no concluidas según las cuales podría haber utilizado su tarjeta de crédito del partido republicano para fines personales, sin haber declarado estos gastos a Hacienda, lo cual está pendiente de ser probado.

Su pretensión para ganar la postulación presidencial republicana fue un total fracaso, en tanto no pudo ganar ni en su propio Estado por lo que tempranamente se retiró de la contienda.

Ahora, para ganar notoriedad frente a su propio partido, recurre a la más baja de las formas de hacer política: la difamación de personajes importantes y la injerencia en asuntos internos de Estados Latinoamericanos, atentando contra su soberanía.

El Senador Marco Rubio recurre a una de las cinco etapas del golpe de Estado suave para desestabilizar gobiernos, consistente en lanzar denuncias de corrupción sin fundamento real contra líderes importantes, según lo establece la estrategia formulada por Gene Sharp, politólogo estadounidense, a quien se le relaciona con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA).

Las acusaciones sin fundamento, es decir sin pruebas, de Marco Rubio contra José Luis Merino, dirigente histórico del FMLN, está claro que no proceden ni del gobierno ni del pueblo de los Estados Unidos, sino de un personaje que, amargado por la derrota de su pretensión presidencial, recurre a la difamación para ganar notoriedad, lo cual pone en evidencia la total falta de ética y profesionalismo de su práctica política.

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Comentario 01-07-16

SALA SIGUE CUMPLIENDO AGENDA DE DESESTABILIZACIÓN

El 24 de junio, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la elección de tres funcionarios de la Corte de Cuentas de la República: del Presidente Johel Humberto Valiente y de los magistrados, Raúl Antonio López y Marco Antonio Grande Rivera, por una supuesta pertenencia a partidos políticos y porque la Asamblea Legislativa no fundamentó que estaban calificados para esos cargos.

Al margen de la veracidad de los argumentos sostenidos por la Sala, que no son compartidos por muchos sectores de la comunidad jurídica y política en tanto son fuente de violación de los derechos políticos y tienen visos de arbitrariedad, puesto que constituyen una visión personal de los 4 magistrados de la Sala que impulsan este tipo de demandas; llama la atención que la sentencia de inconstitucionalidad es emitida a dos años de haber sido electos los funcionarios y luego de un informe presentado por la Corte de Cuentas a la Asamblea Legislativa en el que funcionarios de ARENA salen implicados en casos de corrupción, entre ellos el del alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, y el de la diputada Ana Vilma de Escobar, con el caso FECEPE.

Para nadie es un secreto que en El Salvador, ARENA fomenta la polarización política con la finalidad de alimentar un ambiente de desestabilización e ingobernabilidad; como una estrategia bien articulada entre la ANEP, la fracción legislativa arenera, FUSADES, medios de comunicación que le son afines, grupos de fachada como Aliados por la Democracia, para lograr la recuperación del gobierno, a fin de poner los recursos del Estado en función de sus intereses económicos; estrategia que, en alguna medida, es acompañada por los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Este punto de vista es reafirmado por la Jefa de fracción legislativa del FMLN, Norma Guevara, quien considera que "La Sala de lo Constitucional ha venido actuando cada vez más al servicio de los grupos oligárquicos, al bloquearle el financiamiento público del Ejecutivo. Es una conducta lamentable de la Sala" con lo cual, la Sala de lo Constitucional sigue cumpliendo una agenda de desestabilización política, cuyos costos sociales y económicos recaen con dureza, no en el gobierno, sino en el pueblo salvadoreño, quien debe tener clara esta realidad para identificar de forma exacta a los personajes y sectores que están en contra de los intereses populares.

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Comentario 29-06-6

JÓVENES CON TODO, UNA OPORTUNIDAD PARA LA JUVENTUD SALVADOREÑA

Con una inversión social de 5 millones de dólares, el Presidente Sánchez Cerén ha puesto en marcha, desde mediados de junio, el programa Jóvenes con Todo, que inicialmente beneficiará a un estimado de tres mil jóvenes, cuyas edades oscilen entre 15 y 29 años, y residan en los municipios de Soyapango, San Miguel y Santa Ana, cobertura que más adelante se ampliará a 25 municipios.

El programa es bien amplio ya que en este año se invertirán los primeros cinco millones de dólares, inversión que luego se ampliará con 20 millones provenientes de fondos de cooperación de la Unión Europea y con un préstamo por 130 millones que serán invertidos en esta iniciativa, que se considera histórica y que ningún gobierno de derecha se atrevió a emprender.

El programa está dirigido de forma bien focalizada a los jóvenes que no estudian ni trabajan y que no están vinculados a estructuras criminales, condición que será investigada por un equipo técnico social con la participación coordinada del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), la Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia; los ministerios de Trabajo, Educación, Agricultura y Ganadería, y el de Obras Públicas; la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa; el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional; el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y los gobiernos locales en los que se ejecute el programa.

De acuerdo con el señor Presidente Sánchez Cerén "Jóvenes con Todo ofrecerá a las juventudes asistencia técnica, acompañamiento a través de un equipo de tutores para formar al joven en cursos profesionales, preparación para los exámenes de reinserción educativa en modalidades flexibles, desarrollo de emprendimientos productivos, pasantías; intermediación y orientación laboral; y oportunidad de empleo público"

El programa busca disminuir el desempleo juvenil, generar oportunidades para cientos de jóvenes, que tocan y tocan puertas buscando trabajar, sin que una de ellas se abra; de tal forma que Jóvenes con Todo, es la puerta que siempre estará abierta para que los jóvenes deseosos de progresar y de convertirse en ciudadanos útiles a la sociedad encuentren el camino de la superación y el éxito y así contribuir al desarrollo productivo del país y mediante esta forma de prevención, disminuir la violencia.

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